Los Gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, expresan lo siguiente:
1. Renuevan su respaldo al Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien hace seis meses la Asamblea Nacional de Venezuela le confió dicho cargo constitucional y destacan su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el cese de la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro.
2. Reiteran su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represión, y negación de derechos primordiales, como la salud, la alimentación y la educación, entre otros, las que han quedado documentadas y confirmadas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, presentado en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Hacen suyas las conclusiones y recomendaciones del mencionado Informe. Además, coinciden en la necesidad de que se establezcan, a la mayor brevedad, los mecanismos apropiados de seguimiento y de investigación en el Consejo de Derechos Humanos.
3. Deciden remitir el mencionado Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania, la cual fue complementada en mayo de 2019.
4. Instan a que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y organismos internacionales.
Consideran que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegitimo de Maduro, por lo que los exhortan a sumarse al compromiso del Grupo de Lima y contribuir para el retorno del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, reiterándoles que su apoyo a la dictadura amenaza la estabilidad de toda la región.
5. Repudian la candidatura presentada por el régimen ilegítimo de Maduro, a nombre de Venezuela, para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y requieren que, de ser electa, dicho asiento sea ocupado por el gobierno legítimo de Venezuela. Asimismo, expresan su apoyo a la candidatura de Brasil a dicho Consejo.
6. Deciden apoyar la solicitud de visita in loco en Venezuela realizada por el Presidente Guaidó a la Comisión Interamericana, y que fue aceptada por la propia institución, y exigen al régimen de facto el libre acceso a todos los lugares que deseen visitar así como todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida e integridad física.
7. Respaldan la decisión del Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de buscar una solución venezolana a la crisis de su país a través de los esfuerzos en curso e instan a la dictadura de Nicolás Maduro a no utilizar dichos procesos para dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible. En caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales.
8. Deciden apoyar, a través de sus órganos competentes, las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el impacto en la región de dichas actividades.
Acuerdan impulsar ante otros Estados comprometidos con la restauración de la democracia venezolana, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, la creación de mecanismos para coadyuvar en la documentación e investigación de hechos de corrupción, narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, destacan la decisión del Gobierno argentino de establecer un mecanismo para recabar testimonios e información de los migrantes venezolanos sobre las posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
9. Señalan la necesidad de promover igualmente una amplia investigación del apoyo que se ha brindado al régimen de Nicolás Maduro, a lo largo de los años, por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región a través de esquemas trasnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
10. Acuerdan continuar impulsando a través de gestiones y acercamientos con actores internacionales relevantes, como el Grupo Internacional de Contacto y la CARICOM, la convergencia en favor de una amplia convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que tendrá lugar el próximo 6 de agosto en Lima.
11. Señalan que la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos: ese principio es incompatible con la actual presencia en Venezuela de agentes militares, de seguridad y de inteligencia de países que apoyan al régimen dictatorial. En ese sentido, instan a esos países a que retiren tales agentes de Venezuela como condición para participar de cualquier diálogo sobre la crisis venezolana.
12. Reiteran su preocupación por el agravamiento del éxodo migratorio venezolano, que tiene matices trágicos por la expulsión forzosa de personas, y el impacto que ha generado en nuestros países, haciendo un llamado a continuar la coordinación regional, política y técnica y el trabajo conjunto con países donantes, organismos internacionales y financieros, y solicitaron que se incremente la ayuda financiera a los países de acogida para dar una respuesta efectiva a las necesidades de los migrantes.
13. Manifiestan su rechazo a los foros y movimientos -como el autodenominado “Foro de São Paulo”- que pretenden actuar en defensa del régimen dictatorial ilegítimo de Nicolás Maduro. Por eso, instan a las agrupaciones políticas verdaderamente comprometidas con la democracia, con los derechos humanos y con el Estado de derecho, en el hemisferio y en otras regiones, a que no participen de dicha línea de acción y a que, por el contrario, y a la luz del Informe de la ACNUDH, coadyuven al proceso de transición democrática en Venezuela.
Enfatizan que la crisis en Venezuela tiene una dimensión regional con impacto global y reiteran que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es una condición necesaria para que América Latina pueda afirmarse en el camino de la libertad y prosperidad que desean sus pueblos.
14. Destacan la participación en esta reunión del Asesor Especial para Venezuela de la Unión Europea, del Ecuador y de El Salvador, con quienes se analizaron puntos de convergencia y posibles líneas de acción conjunta en pos de contribuir a una soluciónpolítica, pacífica y democrática a la crisis venezolana.
15. Deciden continuar en sesión permanente y saludan el ofrecimiento de la República Federativa del Brasil de acoger la próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima en fecha a definir.
Buenos Aires, 23 de julio de 2019
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En el marco del 54 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, se realizó esta tarde el evento denominado “65 años Promoviendo la Observancia y la Defensa de los Derechos Humanos en las Américas”, organizado en conmemoración del 65° Aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Roberta Clarke y del ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, embajador Rubén Ramírez Lezcano, quien manifestó que el Paraguay sostiene como un principio de su política exterior la protección internacional de los derechos humanos, y admite, al igual que los otros Estados, el orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de estos derechos.
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