La Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP) emitió un comunicado para pronunciarse sobre el proyecto de ley de modificación de la “Ley 1.335/99, Del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay”, presentado en la Honorable Cámara de Senadores.
La ADEP se manifiesta en defensa de la profesionalización de la carrera diplomática y consular, señalando entre otros puntos, la importancia delconcurso de oposición y mérito, como única vía para el ingreso a dicha carrera.
También señala que es indispensable la continua formación de los diplomáticos, garantizando así la defensa de los altos intereses nacionales con profesionalismo y capacidad.
A continuación, se trascribe el texto del comunicado:
“La Ley 1335/99 establece como única vía de ingreso a la carrera diplomática y consular en el rango de terceros secretarios el Concurso Nacional de Oposición y Méritos. Desde el año 2007, todos los años, entre 10 a 15 plazas son habilitadas para que todo ciudadano paraguayo mayor de 22 años, sin más requisitos que la idoneidad y los méritos académicos, pueda servir a la Patria desde el Servicio Diplomático y Consular, tras rigurosos exámenes, ejemplos de transparencia para toda la función pública en el Paraguay. Hasta hoy más de 3.000 ciudadanos han sido sometidos a este proceso de los cuales 120 jóvenes, luego de dos años de formación en la Academia Diplomática, se encuentran sirviendo a la patria en la Cancillería Nacional, así como en Embajadas, Misiones Permanentes y Consulados.
El ingreso al Servicio Diplomático y Consular en el rango inicial de Terceros Secretarios mediante concursos públicos, es la garantía de que, con una formación continua basada en los más exigentes estándares internacionales de excelencia, y la experiencia acumulada tras el ascenso gradual por méritos, los altos intereses nacionales serán defendidos y salvaguardados de manera eficiente y sin improvisaciones por profesionales capaces y experimentados.
Este proyecto de modificación de la Ley pretende incorporar a funcionarios y políticos al Servicio Diplomático y Consular sin ningún tipo de restricciones ni exigencias, en los rangos superiores, lo que representará un retroceso sin precedentes en el proceso de modernización del Estado. De darse esta misma situación, por ejemplo, en la carrera militar, la policial y otras consagradas en la Constitución Nacional, sería atentar contra la esencia misma de estos cuerpos profesionales creados para la defensa de los intereses patrios.
Inviabilidad presupuestaria: Solo un cálculo rápido sobre la base de salarios básicos sin remuneraciones adicionales, en rangos intermedios del servicio local, supondría un adicional de millones de dólares, solo para el año 2020 a costa del erario público, es decir, contra los abnegados compatriotas que pagan sus impuestos y se merecen un servicio profesional y acorde a los intereses nacionales, lo que a todas luces la vuelve inviable, en especial, teniendo presente las urgencias en materias más apremiantes para el pueblo paraguayo. Resulta evidente que los posibles beneficiarios no ambicionan los puestos intermedios en Asunción por lo que estas cifras serían exponencialmente superiores.
50% para las designaciones políticas: como una contraprestación a esta dádiva, los proyectistas pretenden la modificación del artículo 42, que prohíbe expresamente los nombramientos políticos en Consulados. Esta interdicción legal tiene fundamentos no solo en la normativa internacional (Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que reconoce la existencia de dos tipos de agentes consulares únicamente, los de carrera y los cónsules honorarios) sino en particular, en que la Asistencia Consular representa uno de los temas más sensibles de la función diplomática ya que se centra en la atención a los connacionales en el extranjero, en particular, los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad como las victimas de trata de personas, quienes requieren una preparación especial de asistencia jurídica con enfoque en la protección de sus derechos humanos en el Estado receptor.
Unanimidad en la Junta: Por la Ley 1335, las decisiones sobre los ascensos, rotaciones y traslados de los funcionarios del servicio diplomático son tomadas en la Junta de Calificaciones que además de las altas autoridades del MRE está compuesta por los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados, en la que las decisiones se toman por mayorías simples. Con esta modificación se exige una unanimidad que restaría discrecionalidad al verdadero responsable de la Política Exterior que por mandato de la Constitución Nacional es el señor Presidente de la República y quien tiene como herramienta para ejecutarla al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es de imperiosa necesidad dar continuidad a este proceso de profesionalización de la Carrera Diplomática y Consular porque la coyuntura así lo exige. El contexto nacional marcado por el hartazgo ciudadano y la desconfianza respecto a su gobierno y, con ello, una fuerte conciencia ciudadana que demanda cambios y resultados, junto al complejo panorama internacional, definido por tensiones globales debido a la crisis social, económica y medioambiental, requieren de profesionalismo y experiencia a la altura de los desafíos.
Reconocemos el rol preponderante del Congreso Nacional para la formulación de leyes y en un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrio y recíproco control entre los Poderes del Estado, valoramos su aporte a la sociedad paraguaya, pero en este caso esperamos que las leyes orgánicas y que atañen a las dependencias del Poder Ejecutivo sean originadas en las mismas instituciones, que conocen sus fortalezas y debilidades, sin perjuicio del trabajo conjunto que pueda hacerse con los legisladores que representan a todos los paraguayos, incluidos los miembros del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay y sus familias.
Asunción, 19 de diciembre de 2019
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