El Gobierno Nacional oficializó esta tarde ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil el pedido de cancelación, revocación y/o cesación del estatus de “refugiado” de los ciudadanos paraguayos Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez y Víctor Antonio Colmán Ortega, concedido por el Comité Nacional de Refugiados del Brasil (Conare).
Los mismos están procesados e imputados por el secuestro con fines extorsivos de la señora María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido el 16 de noviembre de 2001. La solicitud se realiza ante la existencia de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la reevaluación del caso.
El escrito fue entregado esta tarde por el Ministro Sustituto, Embajador Bernardino Hugo Saguier Caballero, al propio canciller del Brasil, Embajador Ernesto Araújo, en Palacio de Itamaraty, Brasilia.
Entre los fundamentos expuestos por el Gobierno Nacional se señala que la condición de refugiados no debió haberse dado a ninguno, debido a que Arrom, Martí y Colmán están acusados por delitos comunes; a que está comprobado el vínculo que tenían con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y debido a que en el Paraguay rige el Estado de Derecho, por lo que disponen de todos los derechos y garantías que se reconocen a los habitantes de la República.
El Estado Paraguayo, a través de diversas instituciones como el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial, ha demostrado con documentación fundada que Arrom, Martí y Colmán se presentaron en la causa por la cual se solicita su detención con fines de extradición, y a través de sus representantes legales han sustentado su defensa jurídica conforme a las normas procesales que rigen en el territorio paraguayo. Sin embargo, los mismos huyeron del Paraguay a días del juicio oral y público al que estaban sometidos.
El Gobierno Nacional, ante el inminente cambio de administración de gobierno que iba a producirse en el Brasil, decidió esperar el inicio del nuevo periodo constitucional para formalizar la solicitud de cancelación, revocación o cesación del refugio.
Brasilia, 10 de enero de 2019
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