Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay aprobaron y emitieron una Declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el ánimo de perfeccionar la operatividad, funcionalidad y eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está integrado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH).
El 11 de abril pasado los representantes permanentes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay entregaron el documento al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
El documento señala lo siguiente:
DECLARACIÓN SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia y la República del Paraguay, suscriben esta Declaración, como signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención”):
REAFIRMAN su profundo y permanente compromiso con el valor normativo de dicho instrumento, en cuanto representa el objeto del consentimiento de los Estados que dieron origen al sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, y con el cumplimiento de su obligación de asegurar a todos, dentro de sus respectivas jurisdicciones, los derechos y libertades definidos en la Convención.
SEÑALAN que el trabajo realizado por los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte”), han contribuido considerablemente a la protección de los derechos humanos en América.
De igual forma, consideran al mecanismo de peticiones individuales como una pieza fundamental del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, y, en particular, a la institución de la solución amistosa como una herramienta de gran valor en materia de mejoramiento institucional de los Estados.
Con el ánimo de perfeccionar la operatividad, funcionalidad y eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, manifiestan lo siguiente:
- Subrayan que el principio de subsidiariedad, que da sustento a los presupuestos jurídicos de admisibilidad de una petición, tiene una doble dimensión. Por un lado, supone que el Estado concernido tiene la obligación de investigar toda violación a la Convención que acontezca en su territorio, y, por el otro, que dicho Estado tiene el derecho de que su propio sistema jurisdiccional resuelva la situación antes de verse sometido a una instancia internacional.
- Consideran que se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para asegurar a todas las personas sometidas a su jurisdicción, a través de sus propios procesos democráticos, los derechos y garantías consagrados en la Convención de conformidad a sus ordenamientos constitucionales.
- Igualmente, consideran que, en el contexto de las medidas adoptadas para reducir el atraso procesal en el ámbito de la Comisión, se debe garantizar el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la igualdad procesal.
- Destacan la importancia de una estricta aplicación de las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del reconocimiento del margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención. Asimismo, recuerdan que las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano sólo tienen efectos para las partes del litigio.
- Enfatizan la importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados por parte de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En este marco, resaltan la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten tanto los ordenamientos constitucionales y jurídicos de los Estados, como las exigencias propias del Estado de Derecho.
Los Estados reafirman su compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el continente y reconocen al Sistema Democrático y al Estado de Derecho como condiciones fundamentales para que esos derechos puedan ser efectivamente respetados y promovidos en la región.
Asunción, 23 de abril de 2019
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