El Gobierno Nacional decidió solicitar al Brasil la revocación, cancelación o cesación de la condición de refugiados políticos otorgados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, requeridos por la justicia paraguaya en una causa por secuestro. El Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores, Embajador Bernardino Hugo Saguier Caballero, efectuó el anuncio de esta acción en el Palacio de Gobierno, tras recibir las instrucciones directamente del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En conferencia de prensa, informó que viajará mañana jueves a la ciudad de Brasilia, para entregar las documentaciones que respaldan la petición paraguaya, al Canciller del Brasil, Ernesto Araújo, en el Palacio Itamaraty.
En forma concreta, se solicitará la cancelación, revocación y cesación de la calidad de refugiados políticos de los citados ciudadanos paraguayos, otorgados en su momento por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) del Brasil.
“Esta decisión del Gobierno Nacional obedece a una obligación elemental del Estado de asegurar las condiciones para impartir justicia ya que estos señores son requeridos por órganos jurisdiccionales de nuestro país. Se basa en razones de hecho y de derecho con suficiente consistencia, pues han ocurrido hechos nuevos y se verificó que los refugiados vulneraron la normativa interna brasileña”, expresó el Embajador Saguier.
Afirmó que el Estado paraguayo ha demostrado con documentación fundada, que los señores se presentaron en la causa, luego se fugaron al Brasil, por la cual se solicitó su detención con fines de extradición, y a través de sus representantes legales han sustentado su defensa jurídica.
El Ministro Sustituto de Relaciones Exteriores, explicó también que se decidió esperar el inicio del nuevo periodo de Gobierno en el vecino país, para formalizar la solicitud de cancelación del refugio.
Arrom, Martí y Colmán fueron procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en 2001. Mientras eran investigados demandaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta privación de libertad y tortura por agentes policiales.
Recibieron la medida cautelar dispuesta por la CIDH para que no sean recluidos. Al no estar privados de su libertad aprovecharon la situación y se refugiaron en Brasil.
Además solicitan ante la Corte IDH, como resarcimiento, la suma de 63 millones de dólares, que el Estado deberá pagar en caso de fallo a favor de los demandantes. El próximo 7 de febrero, Paraguay presentará los alegatos finales para demostrar que ambos son prófugos de la justicia.
Asunción, 9 de enero de 2019
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