El pasado 4 de enero, el Gobierno del Paraguay, conjuntamente con otros 12 Estados, adoptó la Declaración Ministerial del Grupo de Lima en la cual se determinó el no reconocimiento del nuevo mandato presidencial del señor Nicolás Maduro, por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo, que no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, y careció de las garantías y los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.
En este contexto, el Paraguay reafirma su condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, dando pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente en diciembre de 2015.
El Paraguay ha abogado sostenida y permanentemente, en todas las instancias multilaterales de las que forma parte, por una salida pacífica y democrática a la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela. Se ha sumado a los esfuerzos para lograr un diálogo efectivo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los diversos sectores políticos que conforman la oposición. Sin embargo, lo que se constata es que todas estas iniciativas han fracasado y que, tras unas elecciones ilegítimas y fraudulentas, el señor Maduro ha vuelto a asumir la presidencia.
Basado en lo precedentemente expuesto, el Gobierno de la República del Paraguay, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adoptó la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, se ha dispuesto el cierre de nuestra Embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Igualmente, se dará un plazo razonable para el retiro del personal diplomático venezolano del territorio nacional, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual el Paraguay es signatario.
Asimismo, el Gobierno paraguayo resolvió suspender, a partir de la fecha, la aplicación del Acuerdo para Supresión de Visas de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito el 8 de junio de 1990. Al respecto, cabe aclarar que esta decisión no afecta al pueblo venezolano, sino única y exclusivamente a los funcionarios de un gobierno cuya legitimidad de origen la República del Paraguay no reconoce.
En otro orden, y considerando el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos a países de la región, el Paraguay seguirá acompañando las iniciativas de coordinación regional encaminadas a dar respuesta a esta delicada crisis migratoria, sin perjuicio de continuar exhortando, en las instancias multilaterales, el ingreso de asistencia humanitaria a la República Bolivariana de Venezuela.
El Paraguay, en consonancia con los principios de derecho internacional de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ajusta su accionar a la premisa de que la crisis política en Venezuela es de índole interna y que corresponde a los propios venezolanos resolverla.
Asimismo, insta a que todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos reafirmen su apoyo a la Carta de la Organización y a la Carta Democrática Interamericana, en pos de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela, y que apoyen la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en dicho país.
La decisión de ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela no implica que el Paraguay dejará de cumplir con su práctica consuetudinaria de honrar los compromisos que ha asumido a nivel internacional.
Finalmente, el Gobierno de la República del Paraguay expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y reitera su mejor predisposición para continuar apoyando todas las iniciativas políticas y diplomáticas que promuevan el restablecimiento del Estado de Derecho, del orden democrático y del respeto de los derechos humanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Asunción, 10 de enero de 2019
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