El Poder Ejecutivo el pasado 18 de diciembre promulgó el Decreto N° 3074, que crea el Centro Nacional de Coordinación de Propiedad Intelectual. Con esto se dio nacimiento al organismo encargado de desarrollar e implementar el Plan Nacional Estratégico para la Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Paraguay.
El decreto fue refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios, y por Joel Talavera, director nacional de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). El Centro Nacional de Coordinación busca aunar y coordinar acciones de las instituciones del Poder Ejecutivo, cuyas funciones se vinculan y afectan al ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual.
El Centro Nacional de Coordinación responde a la necesidad de fortalecer la defensa efectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual, mediante la coordinación interinstitucional que potencie la implementación de medidas de alto impacto, en cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el Plan Nacional de Propiedad Intelectual, aprobado por el Decreto N° 7132/17 del Poder Ejecutivo.
La creación del Centro responde, además, a los compromisos que el Paraguay ha asumido en el marco de numerosos convenios y acuerdos internacionales para el combate de la piratería y la falsificación, en favor del mercado local, regional y mundial.
Son diez las instituciones que integran el Centro Nacional:
1) Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en calidad de coordinadora;
2) Ministerio de Industria y Comercio (MIC);
3) Policía Nacional (PN);
4) Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE);
5) Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS);
6) Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC);
7) Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE);
8) Dirección Nacional de Aduanas (DNA);
9) Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO).
10) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Las instituciones integrantes, además de desarrollar el Plan Nacional de protección y observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, deberán implementarlo a través de la coordinación de las siguientes acciones tendientes a combatir la piratería y la falsificación:
-Propiciar el diálogo y la colaboración con los poderes Legislativos y Judicial, así como instituciones de otros países de la región.
- Crear y mantener una base de datos y estadísticas.
- Proponer mecanismos de control para impedir el ingreso al país de productos que violen los derechos de propiedad intelectual.
- Proponer la planificación de operaciones especiales, investigaciones e inspecciones en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos.
- Fomentar la capacitación de funcionarios públicos involucrados en la lucha contra violaciones de derechos de propiedad intelectual.
-Coordinar campañas educativas dirigidas a los consumidores para la prevención de violaciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, entre otras.
La piratería y la falsificación se encuentran penados por ley, por tanto, son actividades ilegales que afectan gravemente al país desde distintos aspectos:
1- Fomentan el trabajo informal, lo cual repercute en el trabajador y su familia, al no estar protegido en sus derechos laborales: salarios justos, seguridad social, entre otros.
2- Genera competencia desleal que afecta directamente a la industria nacional y desalienta las inversiones privadas.
3- Promueve la evasión impositiva, lo cual provoca una diminución de la recaudación del Estado y, consecuentemente, el avance en infraestructura y programas en beneficio de la ciudadanía.
4- Perjudica a los consumidores, quienes adquieren productos de mala calidad, afectando directamente su vida, su salud y su seguridad.
5- Las consecuencias negativas de estos hechos punibles se extienden más allá de los límites de la Propiedad Intelectual, ya que se ha constatado en numerosos casos que estas conductas se encuentran vinculadas al crimen organizado, siendo fuente de financiación para crímenes como la trata de personas, el contrabando, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Asunción, 20 de diciembre de 2019
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