El Estado paraguayo a través de sus diferentes instituciones competentes activó todos los mecanismos necesarios y a su alcance para conseguir la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, prófugos de la justicia paraguaya por el delito de secuestro, en un caso que se convirtió en una causa nacional.
Esta mañana en la sede de la Cancillería Nacional el ministro sustituto Enrique Insfrán se reunió con el procurador general de la República, Sergio Coscia; el fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán; y el comandante de la Policía Nacional, comisario Francisco Resquín, para analizar los siguientes pasos de manera a seguir gestionando la extradición.
También participaron de la reunión el asesor jurídico del MRE, ministro Julio Duarte Van Humbeck; el director de Asuntos Legales del MRE, José Pereira; la directora general de Gabinete, Patricia Frutos; y la directora general de Política Bilateral, ministra Helena Felip.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ayer mismo convocó al embajador uruguayo acreditado, Federico Perazza, para solicitarle explicaciones, y hoy llamó a consulta al embajador paraguayo acreditado ante la República del Uruguay, Rogelio Benítez. Estas acciones constituyen la clara muestra de la molestia y repudio del gobierno paraguayo a la decisión adoptada en la República Oriental del Uruguay.
El pedido de extradición estaba basado en las causas penales que se les siguió en Paraguay a los tres prófugos. El juicio que se sigue sustanciando en nuestro país contó con el respaldado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que concluyó que el Estado Paraguayo no es responsable de la violación de ningún artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; así como la resolución de levantamiento del cese de refugiado del CONARE de Brasil.
No obstante, y pese a todos estos hechos, la República Oriental del Uruguay, a través de su Poder Judicial, decidió hacer lugar a la solicitud de refugio solicitado por Arrom, Martí y Colmán, y denegó la extradición solicitada por la República del Paraguay.
Cabe aclarar que el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado planteado por los prófugos de la justicia paraguaya, por disposición de la legislación uruguaya, es de carácter confidencial y el Estado paraguayo no fue reconocido como parte del proceso. Por ese motivo no tuvo acceso a información alguna relacionada con el proceso del refugio.
La Cancillería Nacional, a través de la Embajada de la República del Paraguay en Uruguay, contrató a dos abogados para dar el debido seguimiento al proceso de extradición, considerando que la legislación uruguaya autoriza al Estado requirente a ser representado por profesionales abogados matriculados en el Uruguay, no así en el proceso de solicitud del refugio.
Por otro lado, cabe destacar que la Embajada de la República del Paraguay en Francia realizó gestiones desde julio del corriente año ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en la ciudad de Lyon, con el objeto de expresar la profunda preocupación y malestar del Gobierno Nacional con relación al proceder de la Interpol, y en particular el de la Comisión de Control de Ficheros (CCF), respecto al levantamiento provisional de la “notificación roja”, vinculada al pedido de captura internacional de los prófugos.
La Cancillería Nacional, a través del Consulado General en Madrid, España, en el día de la fecha presentó una nota a las autoridades policiales del aeropuerto de Barajas informando el arribo de estas personas y que la República del Paraguay ordenó captura internacional en contra de los mismos.
Igualmente, desde la Fiscalía General de la República se transmitió un oficio solicitando la captura de los mismos, el cual fue comunicado al Ministerio de Asuntos Externos, Unión Europea y Cooperación de España.
La condición de refugiados otorgada por Uruguay y la desactivación del código rojo de Interpol impidieron que los mismos esta mañana fueran detenidos en Madrid, España.
El Gobierno Nacional esta mañana, a través de un comunicado manifestó su malestar por esta situación y adelantó que arbitrará todos los mecanismos necesarios ante las instancias correspondientes para solicitar el levantamiento del estatus de refugiado otorgado a Arrom, Martí y Colmán, por la República del Uruguay, y por parte de Finlandia.
Asunción, 9 de octubre de 2019
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